La sesión de cabildo fechada perentoriamente por el grupo de los 10 regidores del Ayuntamiento de Salvatierra, Gto. se canceló el día de ayer, la cual se había fijado para sesionar en la noche. Para hoy a media tarde se tenía fijada la hora de sesión para tratar el tema de las propuestas para ocupar las titularidades de oficialía mayor, obra pública, servicios municipales y educación.
Los cuatro funcionarios que fueron objeto del acuerdo de los regidores para que fueran despedidos como funcionarios municipales, solicitaron un amparo ante el Tribunal Federal del Trabajo, el cual les fue concedido para una audiencia de incidentes en próximos días.
La concesión del amparo y la audiencia de incidentes pone en suspención al cabildo para tratar cualquier punto referido al acuerdo de los regidores de despedir funcionarios. Los cuatro trabajadores involucarados en su defensa laboral en tribunales federales son Denisse Contreras, Hediza Ramírez, Felipe Lanuza y Juan Arreguín.
El inicio de este proceso federal de audiencias laborales puede derivar en dos sentencia probables, o se suspende el acto demandado por los regidores de despedirlos por ser lesivo a sus derechos constitucionales, dado el carácter autoritario y arbitrario de los 10 regidores, o se formaliza que los funcionarios tengan el derecho de tener la oportunidad de presentar una defensa de su trabajo administrativo y operativo del cumplimiento de los acuerdos del cabildo.
Con este acto jurídico laboral la política municipal entra a ventilarse ante instancias de derechos constitucionales, lo cual permite predecir un aumento en el nivel del debate entre los actores intitucionales con representación popular en el Ayuntamiento salvaterrense.
El amparo concedido es resultante, también, por la denigración realizada hacia los funcionarios en prensa, que fueron objeto de juicios lapidarios por parte de los regidores, que incluso incurrieron en lesiones a los derechos humanos al discriminar las capacidades del director de comunicación social de la presidencia municipal, pues lo señalaron como invidente y, por tanto, totalmente incapaz para trabajar en el puesto que desempeña, como también, ironizaron su labor de experto en temas de la administración pública municipal y de la ley orgánica municipal.
La vida política de la institución municipal ahora se encuentra iniciando un verdadero nivel de interlocución constitucional, ahora deberán los regidores esgrimir argumentos, exhibir pruebas documentales y periciales para que lleven a cabo lo que ellos dicen que los une: "la lucha contra la ineficiencia". Esperemos que se pongan a estudiar fuerte para que promuevan el desarrollo de Salvatierra, y tomen una ruta real de trabajo empleando las metodologías propias de las teorías del desarrollo regional.
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