Plano del valle de Guatzindeo en 1676La desgracia de los Hernández, el emporio Gugorrón, y el juego del Mayorazgo
Miguel Alejo López
Cronista de la Ciudad de San Andrés de Salvatierra
Cronista de la Ciudad de San Andrés de Salvatierra
El siglo XVII en Salvatierra arranca con el lento proceso de desaparición de los troncos familiares que tuvieron una presencia significativa por ostentar los títulos de propiedad sobre la mayoría de las fértiles tierras del valle de Guatzindeo en los albores de la evangelización y colonización como lo fueron, la dinastía de Juan de Illanes y sus herederos los Hernández, la del capitán Pedro Arizmendi Gugorrón con sus hijos Antonio y Francisco, y la familia López de Peralta con las mercedes de tierra que su majestad otorgara al conquistador Gerónimo López, y con las que su hijo el Thesorero Gerónimo López conformara el mayorazgo de Tarimoro.
Juan de Illanes, vecino de la villa de Zalaya, obtuvo las primeras mercedes de tierras en el año de 1583 con las que formó las haciendas de San Buenaventura, Guatzindeo, Santo Tomás, La Concepción y Maravatío. Al otorgar su testamento en 1590 nombró heredero universal de sus bienes a su yerno Martín Hernández (el Viejo), quien con su cuñado el Pbro. Francisco de Raya y su pariente Juan de Arenas, poseían casi la totalidad de las tierras en el margen izquierdo del río junto con los religiosos Agustinos de la hacienda de San Nicolás de Tolentino.
Martín Hernández procreó con su esposa Francisca de Raya a sus hijos: Martín, Juan, Bernabé, Rafael, Antonia, y Melchora. Al morir en la hacienda de San Buenaventura en 1610 dejó al frente de sus bienes a su hijo Martín (el Mozo). Éste heredó también numerosos problemas financieros que los llevarían a la bancarrota familiar en los años subsecuentes. El principal asunto de esta naturaleza fue ingreso de sus dos hijas al convento de las Clarisas de México con los nombres de Sor Antonia de San Martín y Sor Melchora de los Reyes cuyas dotes no pagó en tiempo y forma. Para liquidar la deuda, el mismo convento les prestó a sus herederos una fuerte suma de dinero destinado a la rehabilitación de sus tierras y haciendas y de esta forma poder pagar el importe de las dotes y sus réditos. El adeudo inicial de préstamo y dotes ascendía a la cantidad de 8,815 pesos de oro común que Martín Hernández (el Mozo) garantizó con una hipoteca sobre los mismos bienes. El segundo problema de gravedad que se le presentó a la familia fue cancelación que les hizo la Real Audiencia de México en 1646 de la merced de las tierras que colindaban con el pueblo de Santiago Maravatío para entregárselas a los religiosos Agustinos de la hacienda de San Nicolás.
En 1615 las religiosas Clarisas iniciaban un prolongado juicio en su contra demandando el embargo de los bienes, todavía para 1635 cuando el Mozo dictó su testamento en la hacienda de San Buenaventura la deuda no había sido liquidada. Fue la pérdida de sus propiedades, el declive y la ruina económica de la familia y causa principal de su desaparición en el escenario del valle de Guatzindeo. Años después, en 1642, un nieto de Martín Hernández, Rafael de la Cruz con su esposa Paula Enríquez de Guzmán, quien fue la que aportó la cantidad de 14,000 pesos para recuperar parte de las propiedades al rescatar la hacienda de Maravatío, para posteriormente, al dictar su disposición testamentaria en 1658 y por voluntad de su esposa, heredarla a los religiosos carmelitas quienes acabaron de liquidar la deuda de la propiedad a las Clarisas de México, en dicho documento también destinó la cantidad de 500 pesos de oro común para la fábrica y edificación del nuevo convento de los padres franciscanos y 200 pesos de oro común para su tía la monja clarisa Sor Antonia. Los herederos de Francisco de Raya, su hijo (?), mantendrían por algunos años más, la propiedad sobre la hacienda de Santo Tomás.
Por esa época el capitán Pedro Arizmendi Gugorrón con su esposa Antonia de Bilbao Palomino y sus hijos, formaron una acaudalada familia de mineros avecindada en San Luis Potosí. Don Pedro obtuvo en la segunda mitad del siglo XVI grandes extensiones de tierra mercedadas por la autoridad virreinal sobre el camino de San Felipe a San Luis Potosí y Zacatecas en el norte de lo que hoy es el estado de Guanajuato.
Asentadas estas propiedades en la ruta de la plata, no producían los granos suficientes para alimentar a la creciente población que trabajaba para sus minas. Pedro Arizmendi fijó su atención en las fértiles tierras del sur, concretamente en un pródigo valle bañado en toda su extensión por el caudaloso río Grande. Ahí estaba la solución para proveer de alimentos a su hambrienta población minera.
Su primera acción fue obtener en 1618 del virrey don Diego Fernández de Córdoba la licencia para hacer una saca en el río Grande y llevar agua por el llano de Chochones para establecer un molino de harina en ese lugar. En 1620 consolida su propiedad sobre las tierras de las estancias de Culiacán, el Potrero, y Corralejo, al oriente del río Grande frente a las labores de Guatzindeo propiedad de los Hernández y hasta topar con las tierras del Mayorazgo de Tarimoro propiedad de don Gabriel López de Peralta mediante una merced tierras que le otorgó la autoridad virreinal, tres años después, continua ampliando sus dominios al comprar a don Gabriel una buena parte de sus tierras ribereñas al río libres del mayorazgo. Con acciones de esta índole la familia Gugorrón fue conformando un emporio de producción agrícola y manufacturera que culminaría con la creación de las estancias y haciendas de San José Gugorrón (San José del Carmen), la Magdalena de Gugorrón, los Negros de Gugorrón, San Antonio Gugorrón, San Francisco y Guadalupe Gugorrón, y la hacienda del Molino Gugorrón (hacienda de Sánchez).
Pedro Arizmendi Gugorrón, sin avecindarse en estas tierras y ajeno a la vida del valle y de Chochones, es el primero que emprendió la actividad económica a gran escala supeditando la producción local a la minería como actividad de primer orden en la Nueva España, creando de esta manera la dependencia económica de la región a otros polos de desarrollo por lo general lejanos que si experimentaron rápidamente el progreso gracias a la riqueza producida por estas tierras.
A su muerte, acaecida en San Luis Potosí, heredaron los bienes sus hijos Francisco y Antonio quienes terminaron de conformar las propiedades tanto agrícolas como mineras. A los pocos años murió don Antonio y su hermano Francisco no pudo atender el emporio económico que habían creado, decidió en 1657 ceder las propiedades en Salvatierra a doña Josefa y don Rafael Bocanegra, herederos de su fallecido hermano y descendientes directos de Bernardino Ayala Bocanegra, primer propietario de las tierras que conformarían la hacienda de Ojo de Agua de Ballesteros. A doña Josefa le correspondieron las tierras que conformarían años después la hacienda de San José del Carmen y a don Rafael el molino Gugorrón y que con tiempo se le conocería con el nombre de molino de la Ciudad.
Ambos sucumbieron ante el avance carmelita, doña Josefa en 1660 les vendió las tierras en la cantidad de 4,000 pesos de oro común y don Rafael años después hizo lo mismo con el molino en la suma de 2,500 de oro común que emplearía para pagar su oficio de regidor del primer ayuntamiento que tuvo la ciudad. Existen claros indicios que hacen pensar que las ventas anteriores no fueron producto de un trato directo entre los hermanos Bocanegra y los carmelitas, sino que fueron producto de una relación cercana que don Francisco Gugorrón mantenía con el convento del Carmen en San Luis Potosí.
En el marco del contexto de desarraigo en estas tierras de la familia Arizmendi Gugorrón y fundamentalmente el de su patriarca don Pedro, es fácilmente comprensible su oposición en el año de 1636 a la fundación de una ciudad que con el nombre de Villa Madrid pretendieron realizar los labradores y estancieros del valle de Guatzindeo, por la posible afectación de sus propiedades, y es comprensible también, la celeridad con que liquidaron dichas posesiones que a final de cuentas fueron a parar a manos de los religiosos carmelitas de Salvatierra para contrarrestar la presencia e influencia de la familia López de Peralta poseedores del mayorazgo de Tarimoro y de alguna manera, cobrar la afrenta que el padre de don Gabriel López de Peralta, el Thesorero Gerónimo López, fundador del mayorazgo, hizo a su tío Hernán Pérez Bocanegra, el encomendero de Acámbaro, al oponerse ante Su Majestad para anular una merced de tierra que le había otorgado en la cañada de Tarimoro.
Gabriel López de Peralta se movió hábilmente entre ambas familias, haciendo operaciones de compraventa de tierras para incrementar sus bienes libres del mayorazgo de Tarimoro fundado por su padres. Esto se ve reflejado al dictar su testamento en esta ciudad el 23 de octubre de 1647 ante el primer Escribano Público que tuvo el Cabildo don Antonio Guerra. Con estas operaciones formó la hacienda de La Esperanza mediante las compras que hizo a Martín Fernández, al Pbro. Francisco de Raya y a Martín Hernández de las cuatro quintas partes de tierra que les correspondió por herencia. Fue en estas tierras donde construyó la saca de agua del río para formar el canal Ardillas y su molino, mediante la merced de aguas que obtuvo el 16 de mayo de 1618 de don Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar y virrey de la Nueva España. En su documento testamentario nombró albaceas de sus bienes al guardián del convento de San Francisco fray Francisco Martínez, su confesor, y a su compadre Nicolás Botello. Con los años, los Franciscanos se quedaron con la casa del mayorazgo ubicada en la Calle Real frente a la Plaza Mayor y Nicolás Botello con la hacienda de la Esperanza.
Sin duda alguna, los Hernández fueron los artífices de la identidad naciente en estas tierras al impulsar la presencia franciscana, primero en el hospitalillo y luego en San Buenaventura. Gabriel López de Peralta, quien una vez que hubo obtenido el poder económico, buscó el poder político a través de donar las tierras para la fundación de la ciudad. Y con la infraestructura económica de su emporio, la familia Gugorrón sentó bases firmes para que con el tiempo germinara la semilla que daría vida y existencia a la ciudad de San Andrés de Salvatierra, construyeron un canal que como arteria viva, impulsó la producción agrícola de estancias y haciendas, y un molino que en su entorno inmediato conglomeró a una población que impulsó el resurgimiento del pueblo de San Andrés Chochones. Las tres familias, a su manera y conforme a sus propios intereses, crearon las condiciones propicias para fundar Salvatierra con el título de ciudad.
Juan de Illanes, vecino de la villa de Zalaya, obtuvo las primeras mercedes de tierras en el año de 1583 con las que formó las haciendas de San Buenaventura, Guatzindeo, Santo Tomás, La Concepción y Maravatío. Al otorgar su testamento en 1590 nombró heredero universal de sus bienes a su yerno Martín Hernández (el Viejo), quien con su cuñado el Pbro. Francisco de Raya y su pariente Juan de Arenas, poseían casi la totalidad de las tierras en el margen izquierdo del río junto con los religiosos Agustinos de la hacienda de San Nicolás de Tolentino.
Martín Hernández procreó con su esposa Francisca de Raya a sus hijos: Martín, Juan, Bernabé, Rafael, Antonia, y Melchora. Al morir en la hacienda de San Buenaventura en 1610 dejó al frente de sus bienes a su hijo Martín (el Mozo). Éste heredó también numerosos problemas financieros que los llevarían a la bancarrota familiar en los años subsecuentes. El principal asunto de esta naturaleza fue ingreso de sus dos hijas al convento de las Clarisas de México con los nombres de Sor Antonia de San Martín y Sor Melchora de los Reyes cuyas dotes no pagó en tiempo y forma. Para liquidar la deuda, el mismo convento les prestó a sus herederos una fuerte suma de dinero destinado a la rehabilitación de sus tierras y haciendas y de esta forma poder pagar el importe de las dotes y sus réditos. El adeudo inicial de préstamo y dotes ascendía a la cantidad de 8,815 pesos de oro común que Martín Hernández (el Mozo) garantizó con una hipoteca sobre los mismos bienes. El segundo problema de gravedad que se le presentó a la familia fue cancelación que les hizo la Real Audiencia de México en 1646 de la merced de las tierras que colindaban con el pueblo de Santiago Maravatío para entregárselas a los religiosos Agustinos de la hacienda de San Nicolás.
En 1615 las religiosas Clarisas iniciaban un prolongado juicio en su contra demandando el embargo de los bienes, todavía para 1635 cuando el Mozo dictó su testamento en la hacienda de San Buenaventura la deuda no había sido liquidada. Fue la pérdida de sus propiedades, el declive y la ruina económica de la familia y causa principal de su desaparición en el escenario del valle de Guatzindeo. Años después, en 1642, un nieto de Martín Hernández, Rafael de la Cruz con su esposa Paula Enríquez de Guzmán, quien fue la que aportó la cantidad de 14,000 pesos para recuperar parte de las propiedades al rescatar la hacienda de Maravatío, para posteriormente, al dictar su disposición testamentaria en 1658 y por voluntad de su esposa, heredarla a los religiosos carmelitas quienes acabaron de liquidar la deuda de la propiedad a las Clarisas de México, en dicho documento también destinó la cantidad de 500 pesos de oro común para la fábrica y edificación del nuevo convento de los padres franciscanos y 200 pesos de oro común para su tía la monja clarisa Sor Antonia. Los herederos de Francisco de Raya, su hijo (?), mantendrían por algunos años más, la propiedad sobre la hacienda de Santo Tomás.
Por esa época el capitán Pedro Arizmendi Gugorrón con su esposa Antonia de Bilbao Palomino y sus hijos, formaron una acaudalada familia de mineros avecindada en San Luis Potosí. Don Pedro obtuvo en la segunda mitad del siglo XVI grandes extensiones de tierra mercedadas por la autoridad virreinal sobre el camino de San Felipe a San Luis Potosí y Zacatecas en el norte de lo que hoy es el estado de Guanajuato.
Asentadas estas propiedades en la ruta de la plata, no producían los granos suficientes para alimentar a la creciente población que trabajaba para sus minas. Pedro Arizmendi fijó su atención en las fértiles tierras del sur, concretamente en un pródigo valle bañado en toda su extensión por el caudaloso río Grande. Ahí estaba la solución para proveer de alimentos a su hambrienta población minera.
Su primera acción fue obtener en 1618 del virrey don Diego Fernández de Córdoba la licencia para hacer una saca en el río Grande y llevar agua por el llano de Chochones para establecer un molino de harina en ese lugar. En 1620 consolida su propiedad sobre las tierras de las estancias de Culiacán, el Potrero, y Corralejo, al oriente del río Grande frente a las labores de Guatzindeo propiedad de los Hernández y hasta topar con las tierras del Mayorazgo de Tarimoro propiedad de don Gabriel López de Peralta mediante una merced tierras que le otorgó la autoridad virreinal, tres años después, continua ampliando sus dominios al comprar a don Gabriel una buena parte de sus tierras ribereñas al río libres del mayorazgo. Con acciones de esta índole la familia Gugorrón fue conformando un emporio de producción agrícola y manufacturera que culminaría con la creación de las estancias y haciendas de San José Gugorrón (San José del Carmen), la Magdalena de Gugorrón, los Negros de Gugorrón, San Antonio Gugorrón, San Francisco y Guadalupe Gugorrón, y la hacienda del Molino Gugorrón (hacienda de Sánchez).
Pedro Arizmendi Gugorrón, sin avecindarse en estas tierras y ajeno a la vida del valle y de Chochones, es el primero que emprendió la actividad económica a gran escala supeditando la producción local a la minería como actividad de primer orden en la Nueva España, creando de esta manera la dependencia económica de la región a otros polos de desarrollo por lo general lejanos que si experimentaron rápidamente el progreso gracias a la riqueza producida por estas tierras.
A su muerte, acaecida en San Luis Potosí, heredaron los bienes sus hijos Francisco y Antonio quienes terminaron de conformar las propiedades tanto agrícolas como mineras. A los pocos años murió don Antonio y su hermano Francisco no pudo atender el emporio económico que habían creado, decidió en 1657 ceder las propiedades en Salvatierra a doña Josefa y don Rafael Bocanegra, herederos de su fallecido hermano y descendientes directos de Bernardino Ayala Bocanegra, primer propietario de las tierras que conformarían la hacienda de Ojo de Agua de Ballesteros. A doña Josefa le correspondieron las tierras que conformarían años después la hacienda de San José del Carmen y a don Rafael el molino Gugorrón y que con tiempo se le conocería con el nombre de molino de la Ciudad.
Ambos sucumbieron ante el avance carmelita, doña Josefa en 1660 les vendió las tierras en la cantidad de 4,000 pesos de oro común y don Rafael años después hizo lo mismo con el molino en la suma de 2,500 de oro común que emplearía para pagar su oficio de regidor del primer ayuntamiento que tuvo la ciudad. Existen claros indicios que hacen pensar que las ventas anteriores no fueron producto de un trato directo entre los hermanos Bocanegra y los carmelitas, sino que fueron producto de una relación cercana que don Francisco Gugorrón mantenía con el convento del Carmen en San Luis Potosí.
En el marco del contexto de desarraigo en estas tierras de la familia Arizmendi Gugorrón y fundamentalmente el de su patriarca don Pedro, es fácilmente comprensible su oposición en el año de 1636 a la fundación de una ciudad que con el nombre de Villa Madrid pretendieron realizar los labradores y estancieros del valle de Guatzindeo, por la posible afectación de sus propiedades, y es comprensible también, la celeridad con que liquidaron dichas posesiones que a final de cuentas fueron a parar a manos de los religiosos carmelitas de Salvatierra para contrarrestar la presencia e influencia de la familia López de Peralta poseedores del mayorazgo de Tarimoro y de alguna manera, cobrar la afrenta que el padre de don Gabriel López de Peralta, el Thesorero Gerónimo López, fundador del mayorazgo, hizo a su tío Hernán Pérez Bocanegra, el encomendero de Acámbaro, al oponerse ante Su Majestad para anular una merced de tierra que le había otorgado en la cañada de Tarimoro.
Gabriel López de Peralta se movió hábilmente entre ambas familias, haciendo operaciones de compraventa de tierras para incrementar sus bienes libres del mayorazgo de Tarimoro fundado por su padres. Esto se ve reflejado al dictar su testamento en esta ciudad el 23 de octubre de 1647 ante el primer Escribano Público que tuvo el Cabildo don Antonio Guerra. Con estas operaciones formó la hacienda de La Esperanza mediante las compras que hizo a Martín Fernández, al Pbro. Francisco de Raya y a Martín Hernández de las cuatro quintas partes de tierra que les correspondió por herencia. Fue en estas tierras donde construyó la saca de agua del río para formar el canal Ardillas y su molino, mediante la merced de aguas que obtuvo el 16 de mayo de 1618 de don Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar y virrey de la Nueva España. En su documento testamentario nombró albaceas de sus bienes al guardián del convento de San Francisco fray Francisco Martínez, su confesor, y a su compadre Nicolás Botello. Con los años, los Franciscanos se quedaron con la casa del mayorazgo ubicada en la Calle Real frente a la Plaza Mayor y Nicolás Botello con la hacienda de la Esperanza.
Sin duda alguna, los Hernández fueron los artífices de la identidad naciente en estas tierras al impulsar la presencia franciscana, primero en el hospitalillo y luego en San Buenaventura. Gabriel López de Peralta, quien una vez que hubo obtenido el poder económico, buscó el poder político a través de donar las tierras para la fundación de la ciudad. Y con la infraestructura económica de su emporio, la familia Gugorrón sentó bases firmes para que con el tiempo germinara la semilla que daría vida y existencia a la ciudad de San Andrés de Salvatierra, construyeron un canal que como arteria viva, impulsó la producción agrícola de estancias y haciendas, y un molino que en su entorno inmediato conglomeró a una población que impulsó el resurgimiento del pueblo de San Andrés Chochones. Las tres familias, a su manera y conforme a sus propios intereses, crearon las condiciones propicias para fundar Salvatierra con el título de ciudad.
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