La vida pública es fuente de conflictos sociales, laborales, políticos y culturales. Las herramientas básicas para resolver esta constante tensión humana son las instituciones y las leyes. Los actores que las ocupan deben ser los primeros por velar que todos los diferendos se resuelvan en un clima de paz y en apego a los principio básicos de Derechos Humanos.
Indudablemente que las expresiones públicas ayudan a solventar los desencuentros que surgen dentro del cuerpo laboral de servidores públicos, por ello es verdaderamente un error ominoso la expresión discriminatoria de la regidora Ana Estrada, al referirse al actual comunicador social Juan José Cruz, a quien descalifica de ideonidad para ocupar el puesto administrativo debido a su ceguera producto de la deabetes, la enfermedad crónico degenerativa al alza en las estadísticas de salud entre los guanajuatenses.http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n1565989.htm
Los regidores constituyen el cuerpo edilicio facultado para tomar decisiones, quienes recibieron en las elecciones la delegación ciudadana para que funjan como grandes electores en las cuestiones que se presenten dentro del periodo constitucional de gobierno y determinen el rumbo del municipio.
Por ello es de suma gravedad que la regidora Estrada emplee la discapacidad de un funcionario como argumento para descalificar la misma gobernanza a la que ella está llamada a conducir dentro del cabildo, empleando la palabra argumentada basandose en Derechos Humanos, no contra ellos.
Cuando una fracción del cuerpo edilicio sale a la calle a presionar en el sentido de sus propuestas, esta claro el poco respeto que les merece la institución que conforman, representar a toda la ciudadanía salvaterrense.
Como ejemplo de práctica ciudadana y cultura cívica están sentando un funesto precedente de tomar los caminos de la insurgencia social, la presión pública y la protesta airada y amenazante como forma de imponer la ley a favor de los derechos de sus partidarios.
E incluso ese es un derecho democrático, pero señalar la discapacidad de un funcionario como una razón para promover la descalificación del mismo gobierno del que forma parte, es una verdadera falta de respeto a la ciudadanía que le otorgó su voto para que tomara decisiones en su lugar.
Para los conflictos laborales las leyes mexicanas preveen que se diriman en los tribunales del trabajo y previsión social, para el tema de los funcionarios incompetentes están las sesiones del cabildo, y para reprender a un regidor que atenta a los principios de igualdad está la opinión pública. Que Ana Estrada pida disculpas públicas por la ofensa que le confirió a todas las personas discapacitadas, sobre todo a niños que esperan tener una oportunidad de desarrollo humano en una sociedad municipal cada día con más equidad e igualdad de oportunidades para ellos.
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