El tema de la representación popular por el Estado, siguiendo la teoría clásica de Juan Jacobo Roussou, en la obra "El Contrato Social", se define como un contrato entre gobernantes y gobernados donde el pueblo haciendo uso de su soberanía le delega mediante el voto la facultad de decidir sobre los asuntos públicos del Estado, a un representante popular a cambio de que le de seguridad en su vida y su patrimonio privado al ciudadano.
En México los poderes representativos son tres: federal, estatal y municipal, quienes acceden a integrar la representación popular mediante los partidos políticos que presentan ciudadanos en las elecciones constitucionales y, y que son quienes reciben votos que se entienden como un contrato jurídico de representación para que tome las decisiones que el ciudadano tenía derecho a participar.
En Salvatierra, Guanajuato la representación popular tiene graves problemas para ejercer la decisiones a las que está obligado el Estado Mexicano en virtud de la facultad jurídica constitucional que se le otorgó en votación durante las jornadas electorales del julio de 2006 y julio de 2009.
La obra de infraestructura del hospital regional de Salvatierra se encuentra inconclusa, y los niveles de gobierno estatal y municipal atribuyen el retraso a causas diferentes: el funcionario estatal de Salud, Éctor Ramírez Barba lo diagnostica a causa de que no existen vialidades y servicios básicos que son atribuciones del gobierno municipal, quien en el Ayuntamiento de 2003-2009 se comprometió a pagarlos, por tanto seguirá inconclusa la obra de infraestructura de salud para la población.
El gobierno municipal de Salvatierra diagnostica la causa del atrazo a que el contratista que construye el edificio del hospital regional en las lomas de Janicho no cuenta con la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos), para concluir la obra, y que de acuerdo al contrato que suscribió con el gobierno estatal, éste le pagará la obra hasta que la termine, lo cual es indeterminado por su falta de liquidez, por su insolvencia financiera.
Sin embargo, por esas causas de la falta de diálogo entre estos dos niveles de gobierno, -municipal y estatal,- el Secretario de Salud del estado de Guanajuato, declara que la secretaría a su cargo hará la vialidad e introducción de los servicios básicos con su presupuesto y "pugnará" porque le sean descontados $27,000,000.00 (veintisiete millones) al presupuesto del Municipio de Salvatierra de las participaciones financieras que le entrega el gobierno federal. Y afirma que esa acción tiene fecha indeterminada, que no hay posibilidades que en este periodo gobierno estatal se entregue la obra, dice que su secretaria estatal de Salud, no tiene compromiso con la ciudadanía salvaterrense mientras los representantes populares municipales no cumplan con la instalación de la vialidad y los servicios básicos. Y sabemos que la representante que preside al cabildo salvaterrense, Guadalupe Nava López, ha declarado que no tiene recursos financieros más que los que le ofreció el mismo gobernador del estado Juan Manuel Oliva Ramírez, por $20,000,000.00 (veinte millones de pesos), los cuales serán el detonante para empezar la construcción de los accesos viales, eso en cuanto sean liberados para esa obra por el gobierno estatal de Guanajuato.
Estos desacuerdos sobre las facultades y obligaciones que otorga la Constitución Política del Estado de Guanajuato a los dos niveles de gobierno nos ponen en alerta de que los ciudadanos no veremos el cumplimiento del Contrato Social suscrito con ellos mediante el voto electoral en elecciones constitucionales, simplemente ellos fallan en la representación popular que les otorgamos, es simplemente que en ambos niveles de gobierno nos dan la más clara prueba de que en ellos lo que prevalece es el egoísmo, y que el humanismo político no existe más, ha llegado a su fin.
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