Juan José Cruz Zavala
Periodista
Los gobernantes frente a la ley
El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo reza el corpus iuris recopilado por el emperador Justiniano y también se consigna aquella máxima celebre y humanista que define al concepto de justicia como la voluntad perpetua y constante de dar a cada quien lo suyo, los anteriores argumentos han trascendido a lo largo de los años y sirven de fundamento para el estudio del derecho moderno y cobrando vigencia en las democracias actuales.
La revolución francesa cuyos ideólogos principales Voltaire, Rousseau y Montesquiu formularon las bases del pensamiento de estado de aquella lucha en donde se promulgaron los derechos fundamentales del hombre y el ciudadano, a raíz de ello surgieron en todo el orbe las modernas constituciones que dieron vida a las repúblicas.
Nacieron una serie de figuras políticas trascendentales como lo son la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial todos en teoría autónomos unos de otros de tal suerte que el gobernado al sentirse vulnerado en sus derechos naturales puede acudir ante el poder judicial a reclamar justicia y este poder tendrá la obligación de declarar el derecho. Lo que quiere decir que el ciudadano es igual ante la Ley y que los funcionarios también lo son y que la Ley debe de imperar siempre. Como un ejemplo histórico y palpable, fue la actuación y las enseñanzas del Benemérito de la Américas que antepuso la legalidad y nos legó que ante la Ley ningún mortal se encuentra por encima de ella.
Cuando el derecho no nos asista y como lo dijo el gran Couture tendremos la obligación y la responsabilidad de buscar la Justicia.
En la evolución política de México se formularon cinco constituciones desde la del Generalísimo hasta la posrevolucionaria de 1917 en donde nace una modera constitución que formó el Estado de Derecho.
Los estudiosos del derecho constitucional dividen a nuestro pacto federal en dos partes una dogmática que tutela los derechos elementales y una orgánica que regula el funcionamiento de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno.
A partir de estos principio podemos reflexionar sobre los sucesos conocidos y comentados en los medios porque la autonomía edilicia de Salvatierra rescinde, despide o da por concluida la relación laboral de algunos burócratas, quienes argumentaron no haber sido oídos ni vencidos en Juicio, es decir que no se les respetó la garantía de audiencia emanada de la Constitución y que tutela la Constitución mexicana.
Por eso decimos que cualquier gobernado puede acudir ante el poder judicial a demandar justicia para que sea este organismo quien diga el derecho, puesto que está expedito para administrarlo. Nada tiene de anormal que cualquier ciudadano, de cualquier condición, etnia, credo o posición social pueda reclamar justicia y cuando la pidan, el poder judicial tendrá la obligación de resolver cualquier controversia y aquella resolución será válida frente a cualquiera, porque en México quien más vulnera el Estado de Derecho es la autoridad y esta es la misión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e inclusive, de la Organización de Naciones Unidas. Si estos organismos existen y hacen recomendaciones es porque la autoridad vulnera la esfera jurídica de los gobernados y no podemos contravenir de ninguna manera la máxima que nos enseñaron nuestros padres en el Derecho Romano, porque somos hombres que practicamos el humanismo excelso y debemos aceptar con absoluta normalidad y estoicismo cuando nos equivoquemos como autoridad porque, después de todo, somos mortales.
Gracias por Leer.
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